Columnas
No aclares que oscurece
En el Boletín Oficial del 29 de mayo pasado se publicó la Resolución General Nº 17/2012 firmada por el Director General de Rentas Cr. Thomas que pretendió "aclarar" los alcances de la anterior R.G. 42/2011 del mismo organismo y de las Resoluciones 53 y 58/2011 de Catastro, que son aquellas que elevaron la valuación fiscal de las propiedades hasta 70 veces su valor anterior.
Insólitamente, esta nueva norma establece que dicha valuación tan cuestionada será considerada "únicamente a los fines de los tributos establecidos en el Código Fiscal", o sea el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto de Sellos.
También para calcular la Tasa de Justicia en trámites tales como juicios por desalojos o prescripciones adquisitivas (como si ello fuera algo menor).
Pretende el organismo fiscal que por el solo imperio de su voluntad expresada en una resolución, la AFIP no lo podrá tomar como referencia para calcular el Impuesto sobre los Bienes Personales o Ganancia Mínima Presunta, cuando la legislación nacional de dichos impuestos expresamente lo menciona como parámetro que se debe tener en cuenta a tales efectos.
Entonces ¿en qué quedamos? ¿Van a obligar a los contribuyentes misioneros a litigar contra la AFIP sin posibilidad alguna de éxito?
Pero peor aún, inventan un "certificado de base imponible" que Rentas emitirá a solicitud de los contribuyentes para acreditar ante los organismos fiscales nacionales o municipales.
Dicho de otra manera, cada propiedad tendrá ahora dos valuaciones. Una para los impuestos provinciales y otra "para acreditar" ante el fisco nacional o municipal.
Semejante disparate no es sino el resultado de una absurda medida tomada a fines del año pasado sin criterio lógico alguno y que se pretende reparar con otro absurdo que no tiene ninguna efectividad.
Es hora que vuelva a primar la seriedad y la coherencia en Rentas y Catastro provincial. El excesivo afán fiscalista tiene el límite de la legalidad y de la razonabilidad.
El gobierno debe dar marcha atrás dejando sin efecto todas las resoluciones tomadas anteriormente y, en todo caso, disponer una nueva valuación como corresponde, como lo marca la ley, con la rigurosidad técnica correspondiente.
O proponer un incremento del impuesto inmobiliario sin disfraces ni utilizando caminos oblicuos que solamente aportan más confusión y más presión al sufrido bolsillo de los contribuyentes misioneros.
Luis Mario Pastori
Presidente Bloque UCR
Cámara de Diputados de Misiones
No aclares que oscurece
19:33 | Más sobre la valuación de los inmuebles y la Resolución 17/2012 de Rentas. Por Luis Pastori.
En el Boletín Oficial del 29 de mayo pasado se publicó la Resolución General Nº 17/2012 firmada por el Director General de Rentas Cr. Thomas que pretendió "aclarar" los alcances de la anterior R.G. 42/2011 del mismo organismo y de las Resoluciones 53 y 58/2011 de Catastro, que son aquellas que elevaron la valuación fiscal de las propiedades hasta 70 veces su valor anterior.
Insólitamente, esta nueva norma establece que dicha valuación tan cuestionada será considerada "únicamente a los fines de los tributos establecidos en el Código Fiscal", o sea el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto de Sellos.
También para calcular la Tasa de Justicia en trámites tales como juicios por desalojos o prescripciones adquisitivas (como si ello fuera algo menor).
Pretende el organismo fiscal que por el solo imperio de su voluntad expresada en una resolución, la AFIP no lo podrá tomar como referencia para calcular el Impuesto sobre los Bienes Personales o Ganancia Mínima Presunta, cuando la legislación nacional de dichos impuestos expresamente lo menciona como parámetro que se debe tener en cuenta a tales efectos.
Entonces ¿en qué quedamos? ¿Van a obligar a los contribuyentes misioneros a litigar contra la AFIP sin posibilidad alguna de éxito?
Pero peor aún, inventan un "certificado de base imponible" que Rentas emitirá a solicitud de los contribuyentes para acreditar ante los organismos fiscales nacionales o municipales.
Dicho de otra manera, cada propiedad tendrá ahora dos valuaciones. Una para los impuestos provinciales y otra "para acreditar" ante el fisco nacional o municipal.
Semejante disparate no es sino el resultado de una absurda medida tomada a fines del año pasado sin criterio lógico alguno y que se pretende reparar con otro absurdo que no tiene ninguna efectividad.
Es hora que vuelva a primar la seriedad y la coherencia en Rentas y Catastro provincial. El excesivo afán fiscalista tiene el límite de la legalidad y de la razonabilidad.
El gobierno debe dar marcha atrás dejando sin efecto todas las resoluciones tomadas anteriormente y, en todo caso, disponer una nueva valuación como corresponde, como lo marca la ley, con la rigurosidad técnica correspondiente.
O proponer un incremento del impuesto inmobiliario sin disfraces ni utilizando caminos oblicuos que solamente aportan más confusión y más presión al sufrido bolsillo de los contribuyentes misioneros.
Luis Mario Pastori
Presidente Bloque UCR
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