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Aborto: el fallo todavía no se aplica en la mayor parte del país
CLARIN/ Hace más de dos meses, un fallo de la Corte Suprema exhortó a los gobiernos provinciales a no judicializar los abortos no punibles. Para eso, debían implementar protocolos que reglamentaran su práctica en los hospitales públicos.
Pero en la mayor parte del país el fallo aún no se aplica . Hay provincias que adhieren pero no tienen sus protocolos, otras que están armándolos con lentitud y otras que se oponen proclamándose “Pro-vida”. A este panorama incierto se suma el silencio de Nación y el avance de la Iglesia , que viene desplegando una fuerte ofensiva en las provincias que no elaboraron protocolos.
Tras el fallo de la Corte, sólo algunas provincias se fueron alineando. Es el caso de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe, Neuquén, Chubut y Córdoba, aunque en esta última un amparo dejó sin efecto el protocolo en los hospitales provinciales. El resto aún no se definió. “Si una mujer solicita un aborto no punible, la respuesta que recibe depende de dónde vive y en la mayoría de los casos es inadecuada ”, explica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.
El mes pasado, diez organizaciones civiles presentaron un informe sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí reforzaron “la necesidad de que el Ministerio de Salud Nacional adquiera una posición activa y responsable en relación con el reciente fallo de la Corte” y pidieron que “ se eleve a resolución Ministerial la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos no Punibles para otorgarle un status legal a la guía y de ese modo, los ministerios de salud de las provincias estén obligados a adoptarla”. La Nación tiene esa guía y un protocolo elaborados, pero nunca fueron implementados .
A la falta de una directiva nacional, en las provincias que aún no elaboraron los suyos los obispos están tratando de que no se aplique el fallo o, cuanto menos, se pongan más exigencias . Si bien la Iglesia se opone al aborto en todos los casos, la ofensiva apunta a evitar que –temen los obispos– la causal de violación sea falsamente esgrimida. También busca impedir que se aborte en un estado avanzado de la gestación.
Por ejemplo, en Tucumán, el arzobispo local, Alfredo Zecca, reunió a dirigentes políticos y legisladores y les dijo que “bajo ningún aspecto vamos a aceptar que se avale el aborto”. En las provincias de Cuyo, los arzobispos de Mendoza y San Juan, José María Arancibia y Alfonso Delgado, y los obispos de San Luis y San Rafael, Pedro Martínez y Eduardo Taussig, emitieron un comunicado en el que afirman: “Una mujer que fue violada merece comprensión y acompañamiento, pero su herida no se cura con una injusticia mayor como es el aborto”.
En Corrientes, el camino hacia el protocolo parece clausurado: el gobernador Colombi firmó un decreto que declara a la provincia “Pro Vida”, estableciéndose como “política de Estado la defensa de la vida desde la concepción y la familia”. Lo hizo en un encuentro ecuménico del que participaron los obispos de la capital, Goya y Santo Tomé, y pastores evangélicos.
Hubo casos especiales como en Salta, donde el gobernador Juan Manuel Urtubey inicialmente dijo que no se iba a elaborar un protocolo. Sin embargo, ante las críticas, volvió sobre sus pasos y elaboró una guía, pero en la que agrega el requisito de una denuncia judicial por la violación. Incluso en Entre Ríos, los obispos de la provincia salieron a pedir su derogación del protocolo. “Parece que lo único que se busca es que se proceda a abortar expeditivamente a instancias del Estado”, dispararon.
Por otra parte, en las últimas semanas ingresaron al Congreso dos proyectos de ley que apuntan a obstaculizar la práctica de abortos no punibles y a promover la adopción de chicos gestados por una violación.
VM.
Aborto: el fallo todavía no se aplica en la mayor parte del país
10:34 | Es por la falta de un protocolo nacional y la presión de la Iglesia sobre las provincias.
CLARIN/ Hace más de dos meses, un fallo de la Corte Suprema exhortó a los gobiernos provinciales a no judicializar los abortos no punibles. Para eso, debían implementar protocolos que reglamentaran su práctica en los hospitales públicos.
Pero en la mayor parte del país el fallo aún no se aplica . Hay provincias que adhieren pero no tienen sus protocolos, otras que están armándolos con lentitud y otras que se oponen proclamándose “Pro-vida”. A este panorama incierto se suma el silencio de Nación y el avance de la Iglesia , que viene desplegando una fuerte ofensiva en las provincias que no elaboraron protocolos.
Tras el fallo de la Corte, sólo algunas provincias se fueron alineando. Es el caso de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe, Neuquén, Chubut y Córdoba, aunque en esta última un amparo dejó sin efecto el protocolo en los hospitales provinciales. El resto aún no se definió. “Si una mujer solicita un aborto no punible, la respuesta que recibe depende de dónde vive y en la mayoría de los casos es inadecuada ”, explica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.
El mes pasado, diez organizaciones civiles presentaron un informe sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí reforzaron “la necesidad de que el Ministerio de Salud Nacional adquiera una posición activa y responsable en relación con el reciente fallo de la Corte” y pidieron que “ se eleve a resolución Ministerial la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos no Punibles para otorgarle un status legal a la guía y de ese modo, los ministerios de salud de las provincias estén obligados a adoptarla”. La Nación tiene esa guía y un protocolo elaborados, pero nunca fueron implementados .
A la falta de una directiva nacional, en las provincias que aún no elaboraron los suyos los obispos están tratando de que no se aplique el fallo o, cuanto menos, se pongan más exigencias . Si bien la Iglesia se opone al aborto en todos los casos, la ofensiva apunta a evitar que –temen los obispos– la causal de violación sea falsamente esgrimida. También busca impedir que se aborte en un estado avanzado de la gestación.
Por ejemplo, en Tucumán, el arzobispo local, Alfredo Zecca, reunió a dirigentes políticos y legisladores y les dijo que “bajo ningún aspecto vamos a aceptar que se avale el aborto”. En las provincias de Cuyo, los arzobispos de Mendoza y San Juan, José María Arancibia y Alfonso Delgado, y los obispos de San Luis y San Rafael, Pedro Martínez y Eduardo Taussig, emitieron un comunicado en el que afirman: “Una mujer que fue violada merece comprensión y acompañamiento, pero su herida no se cura con una injusticia mayor como es el aborto”.
En Corrientes, el camino hacia el protocolo parece clausurado: el gobernador Colombi firmó un decreto que declara a la provincia “Pro Vida”, estableciéndose como “política de Estado la defensa de la vida desde la concepción y la familia”. Lo hizo en un encuentro ecuménico del que participaron los obispos de la capital, Goya y Santo Tomé, y pastores evangélicos.
Hubo casos especiales como en Salta, donde el gobernador Juan Manuel Urtubey inicialmente dijo que no se iba a elaborar un protocolo. Sin embargo, ante las críticas, volvió sobre sus pasos y elaboró una guía, pero en la que agrega el requisito de una denuncia judicial por la violación. Incluso en Entre Ríos, los obispos de la provincia salieron a pedir su derogación del protocolo. “Parece que lo único que se busca es que se proceda a abortar expeditivamente a instancias del Estado”, dispararon.
Por otra parte, en las últimas semanas ingresaron al Congreso dos proyectos de ley que apuntan a obstaculizar la práctica de abortos no punibles y a promover la adopción de chicos gestados por una violación.
VM.
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