Uno de los primeros proyectos de ley presentados como diputado consistió en una propuesta de “Blanqueo y Dignificación del Salario del Empleado Público” de los tres poderes del Estado, incluyendo, claro está, a policías y docentes.

Teniendo en cuenta que la provincia había reestructurado el pago de la deuda pública a veinte años y con dos años de gracia para comenzar a pagar, lo cual volvió a prorrogarse por dos años más, era y sigue siendo el momento propicio para recuperar una política salarial inexistente y llena de conceptos mal llamados “no remunerativos” que constituyen una estafa para la caja previsional primero y en definitiva para el propio supuesto “beneficiario” que, al momento de jubilarse o retirarse, observa como cae su haber mensual a límites imposibles de soportar.

Hace veinte años que la Cámara no discute salarios públicos. Desde los ’90, esta facultad le fue delegada al Poder Ejecutivo, quien a su solo criterio saca, pone, hace y deshace a su antojo.

Los resultados están a la vista. No hace falta aclarar nada.Activos y pasivos endeudados con el banco agente financiero del Estado. Préstamos personales y tarjetas de crédito les consumen todo el haber disponible. Encima, como golpe de gracia, el IPLyC con una nueva tarjeta terminó de colmar la ya casi nula disponibilidad que exhiben sueldos deprimidos y vergonzantes.

Fin de mes ya no es una fiesta, ni siquiera se lo recibe con alegría.

La paciencia se colmó. Es lógico. Y era esperable.

Desde la Unión Cívica Radical creemos que el conflicto policial pudo haberse evitado si se hubiera dado la importancia que merecía la cuestión, cuando ya hubo un intento de agremiación en función del reclamo salarial, cuando hubo intentos abortados de acuartelamientos, y cuando no hace mucho tiempo tuvieron una reunión no muy trascendida con legisladores nacionales. Hoy, tardíamente, el gobierno busca culpables en sectores políticos y gremiales para esconder su propia ineficiencia.

La patética conferencia de prensa del ministro responsable del área, tratando de justificar los recursos asignados a la obra pública en detrimento de la seguridad, salud, la educación y la justicia, no hace más que darnos la razón al voto negativo al presupuesto público donde dejamos constancia de nuestra disconformidad con la orientación política del gasto.

Pero hay una solución posible que apunta al fondo de la cuestión.

Es necesario discutir el proyecto de blanqueo salarial. Ello no solamente pondrá blanco sobre negro su composición en los activos, sino que también derramará automáticamente sobre los pasivos quienes están absolutamente olvidados y desprotegidos y que sufre las consecuencias finales de tanto desatino.

El empleo estatal debe dejar de ser un botín para el ganador de las elecciones y ser transformado en una verdadera carrera, donde se premie el mérito de los servidores públicos que deben cumplir con tan honrosa tarea con capacitación, profesionalización pero también con un sueldo que les permita vivir con decoro y sin apremios.